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La Intifada de Al Aqsa y la causa palestina Xavier Martí Hay muertos que duermen
en las habitaciones que edificaréis, hay muertos que visitan su pasado en
los lugares que destruís, hay muertos que pasan sobre los puentes que
destruiréis, hay muertos que iluminan la noche de las mariposas, muertos
que llegan al alba para tomar el té con vosotros, tan tranquilos como los
dejaron vuestros fusiles. Dejad, invitados del lugar, algunos asientos
libres a los invitados para que os lean las condiciones de la paz con los
muertos. Nos acercamos ya al primer año de esta segunda Intifada, o levantamiento palestino, contra la ocupación israelí de los territorios de Cisjordania y la Franja de Gaza. El pasado 28 de septiembre de 2000, el actual Primer Ministro de Israel, en aquel momento líder del partido nacionalista de derechas, Likud, visitaba la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén, rodeado de varios centenares de policías y cuerpos de seguridad. La provocadora visita al tercer lugar santo del Islam y los acontecimientos posteriores desencadenaban la furia de la población palestina, que se lanzó a la calle a reivindicar su liberación y el final de la ocupación israelí. Introducción histórica La constante llegada de judíos a Palestina desde finales del siglo XIX en el marco del proyecto sionista impulsado por Theodor Herzl, que propugnaba la creación de un estado para los judíos en la Tierra Prometida por Dios, fue foco de continuas tensiones entre la población autóctona, la palestina, y las nuevas comunidades llegadas mayoritariamente de Europa. Estas Aliyahs, u oleadas de judíos a Palestina, contaron con el apoyo explícito de Gran Bretaña, que ostentaba entonces el mandato sobre este territorio (1922-1948) tras la desaparición del imperio otomano. Los británicos vieron en la colonización de Palestina por parte de judíos europeos la posibilidad de disponer de un enclave estratégico que les permitiera, por un lado, controlar el Canal de Suez, y facilitar así su comercio con la India, y por el otro, el acceso al petróleo iraquí. Las crecientes hostilidades entre palestinos y la cada vez mayor comunidad judía, cargarían de justificación la prolongación del mandato británico en la zona como salvaguarda de la paz. El desenlace de la II Guerra Mundial y el holocausto judío a manos de los nazis aceleraron el proceso migratorio de judíos a Palestina, así como el apoyo de las grandes potencias a la creación de su estado. Cuando Gran Bretaña consideró ingobernable la región, ante la escalada de las hostilidades entre palestinos y judíos, y oteó la posibilidad de verse forzado a abandonar el control sobre el Canal de Suez, decidió finalizar su mandato y transferir el problema a las Naciones Unidas. En 1947 la Asamblea General de las Naciones Unidas votaba (33 votos a favor, 13 en contra y 10 abstenciones) una resolución (Res. 181) por la que se recomendaba la partición de Palestina (lo que hoy se considera Israel, más los territorios de Cisjordania y la Franja de Gaza) en un Estado judío y otro árabe. Además, se establecía que Jerusalén y Belén constituirían un corpus separatum bajo un régimen especial internacional administrado por Naciones Unidas, dado su elevado simbolismo para las tres grandes confesiones monoteístas. Los palestinos, por entonces más de dos tercios de la población y propietarios de la gran mayoría del territorio, rechazaron una solución que apenas les concedía el 44% de la Palestina histórica. El 14 de mayo de 1948, el consejo nacional del Yishuv (la comunidad judía de Palestina) anunciaba la Declaración del Establecimiento del Estado de Israel. El rechazo de los estados árabes de la zona a esta declaración de independencia dio lugar a la primera guerra árabe- israelí. Pese a la retórica israelí, que narra la historia en términos de David contra Goliat, el ejército hebreo, más preparado y numeroso que las tropas árabes (Egipto, Irak, Jordania, Líbano, Siria y fuerzas palestinas irregulares) venció en la contienda, anexionándose un 21% más del 56% del territorio establecido para los judíos en el Plan de Partición, y ocupando la parte occidental de Jerusalén, a la que declaró (ilegalmente) capital del estado de Israel. Los palestinos recordarán este hecho como Al Nakbat (el Desastre). Por su parte, Jordania ocupó la actual Cisjordania, incluida Jerusalén oriental, y Egipto la Franja de Gaza. Cerca de 750.000 palestinos se vieron forzados a abandonar sus tierras y propiedades, convirtiéndose en refugiados. Se iniciaba así lo que ha venido a llamarse la Diáspora palestina. Sólo un 5% de ellos encontró refugio dentro de las líneas del armisticio, mientras que la inmensa mayoría tuvo que emigrar a otros países vecinos. Unos 100.000 palestinos, de los 800.000 que habitaban el territorio que después se convertiría en Israel, no abandonaron sus hogares, constituyendo la minoría árabe dentro del estado judío. En junio de 1967, las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron por sorpresa la aviación de Egipto, Siria y Jordania, desbaratando cualquier capacidad de respuesta de estos países. La acción, originada por los constantes rumores de un ataque árabe sobre Israel, culminó con la ocupación de los Altos del Golán (territorio sirio), y de la Franja de Gaza y de Cisjordania, incluida Jerusalén Este (en 1980 Israel se anexionó esta parte de Jerusalén a través de la Ley Jerusalén, declarando la ciudad la capital eterna e indivisible de Israel). La denominada Guerra de los Seis Días generó una nueva diáspora de palestinos (300.000), agrandando el problema de los refugiados. Pese a las protestas internacionales, Israel mantiene ilegalmente hasta nuestros días la ocupación sobre estos territorios, haciendo caso omiso a las sucesivas resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (Res. 242 y Res. 338) que instan a Israel a retirarse de las zonas ocupadas en la guerra de 1967. Por el contrario, Israel inició una política de asentamientos destinada a colonizar estos territorios, con una doble intención: la judaización de Eretz Israel (Palestina para los judíos), y el establecimiento de enclaves estratégicos concebidos para la defensa ante un eventual ataque árabe. El nuevo escenario internacional abierto tras la Guerra del Golfo propició la celebración de la Conferencia de Madrid en 1991 sobre Oriente Medio, auspiciada por Estados Unidos, adalid del nuevo orden internacional. Los palestinos, representados por la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), se presentaron bajo el paraguas de la delegación jordana. Pese a la división que generó en su seno, la OLP decidió asistir y no boicotear así la conferencia. Sus razones: la grave situación económica de los Territorios Palestinos por la crisis de las economías del Golfo tras la guerra (agravada por la expulsión de miles de trabajadores palestinos de Kuwait por el apoyo de la OLP a Sadam Hussein) y la prolongación de la Intifada en los Territorios, iniciada en 1987 como respuesta a la ocupación israelí y a la humillación del pueblo palestino que de ésta se derivaba. Si bien la Conferencia de Madrid no logró resultados concretos significativos, sí que tuvo un carácter simbólico y diplomático muy importante, ya que ofreció el marco en donde israelíes y palestinos se sentaban juntos por primera vez en una mesa de negociación. Los israelíes, también desangrados por el levantamiento palestino y presionados por la comunidad internacional, accedieron a seguir teniendo contactos con la OLP con el compromiso de buscar soluciones a un conflicto que se extendía desde hacía ya varias décadas. La aceptación en 1988 por parte de la OLP de las Resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, anteriormente mencionadas, suponía de facto el reconocimiento de la existencia de Israel, y creaba las condiciones para iniciar cualquier tipo de conciliación. Las negociaciones secretas desembocaron en la Declaración de Principios para una Auto- Regulación Interina, firmada en Washington el 13 de diciembre de 1993. Este acuerdo, llamado popularmente Acuerdo de Oslo (ya que se inició en la capital noruega el 30 de agosto de ese año), se basaba en el mutuo reconocimiento de Israel y la OLP (como representante del pueblo palestino) y promovía una autonomía limitada para los palestinos en la Franja de Gaza y en la ciudad cisjordana de Jericó, que después se fue ampliando a otras poblaciones palestinas en sucesivos acuerdos. El calendario de discusiones sobre las cuestiones clave de las negociaciones (refugiados, asentamientos judíos, Jerusalén, fronteras y relaciones con los países vecinos) se posponía para una segunda fase (Acuerdo Oslo II firmado en 1995), señalando diciembre de 1999 como fecha final para el establecimiento de un estatuto permanente para Palestina que recogiera todas estas cuestiones. El desarrollo de dichos acuerdos ha venido marcado por el flagrante incumplimiento por parte de Israel de los términos y los plazos establecidos. Siete años después de la histórica firma de la Declaración de Principios entre Isaac Rabin y Yasser Arafat, la llamada paz de los valientes, el proceso de paz ha saltado por los aires con el estallido de la Intifada de Al-Aqsa y las acciones militares adoptadas por Israel para atajarla. El sionismo y el drama palestino Con el término "sionismo", derivado de la palabra Sión (utilizada tradicionalmente por los judíos para denominar a Jerusalén), se define al movimiento nacionalista judío surgido en Europa a finales del siglo XIX y cuya figura más representativa fue el periodista de origen húngaro Theodor Herzl. En su libro Der Judenstaat ("El Estado Judío"), publicado en 1896, se recogen la mayoría de los ideales de este movimiento nacionalista, entre ellos, que "el sionismo busca asegurar para el pueblo judío un hogar seguro, pública y legalmente reconocido en Palestina" como única manera de evitar las persecuciones y el antisemitismo rampante, sobretodo en Europa. Aunque la primera Aliyah, o emigración judía a Palestina, tuvo lugar antes de la propagación del sionismo, las grandes oleadas se produjeron ya a principios del siglo XX, apoyadas por las nuevas instituciones que iban surgiendo, en especial, el Fondo Nacional Judío (FNJ), cuyo propósito era el de adquirir tierras para los sionistas. Como se ha indicado anteriormente, el nacimiento del estado de Israel fue el fruto de la combinación de este auge del sionismo y de la política imperialista de las potencias occidentales, que veían en la colonización europea de esta zona (la mayoría de las comunidades emigradas provenían de Europa) un componente esencial en su estrategia de dominación regional. El final de la II Guerra Mundial y el holocausto nazi aceleraron el proceso. El sionismo se basa en tres asunciones fundamentales: a) los judíos son un pueblo y no una comunidad religiosa (cuestión nacional); b) el antisemitismo y la persecución es un peligro latente para el pueblo judío; y c) Palestina (Eretz Israel) fue y sigue siendo la tierra del pueblo judío. De esta retórica sionista se han derivado una serie de supuestos que han tenido, y tienen, una gran trascendencia en el desarrollo del conflicto entre israelíes y palestinos. Así, Israel se define como "estado judío", es decir, que, paradójicamente, no se concibe como el país de los israelíes sino de los judíos. Una definición que implica que Israel pertenece a aquellas personas consideradas como judías, independientemente del país que habiten, y no a aquellas comunidades no-judías residentes. Esto se traduce en que un judío de cualquier parte del mundo tiene más derechos que, por ejemplo, la población árabe que permaneció tras la ocupación israelí, pese a vivir en estas tierras durante muchas generaciones. De hecho, desde 1950 existe una ley (Ley del Retorno) por la que todo judío tiene derecho a asentarse en Israel, a lo que siguió la Ley de la Nacionalidad de 1952, por la que se confiere automáticamente la ciudadanía a aquellos llegados bajo la Ley del Retorno. Evidentemente, esto no es aplicable a los no-judíos. Así, los millones de refugiados palestinos, consecuencia de las expulsiones practicadas sistemáticamente por los gobiernos israelíes a lo largo de sus 53 años de historia, no tienen reconocido por parte de Israel el derecho a volver a sus casas y a recuperar sus propiedades. Todo este trato es discriminatorio, pese a la Resolución 194 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que sí reconoce este derecho, así como el de reparación por los daños o pérdidas ocasionados en sus propiedades. Además, la propia Convención de Ginebra Relativa a la Protección de Personas Civiles en Tiempos de Guerra prohíbe al poder ocupante cambiar la demografía de los territorios bajo su ocupación a través de medios como la deportación o la transferencia de parte de su población civil a los territorios ocupados, como así es el caso de los colonos judíos en Cisjordania y la Franja de Gaza. El argumento oficial esgrimido por Israel para vetar el derecho de retorno a los refugiados es el de que esto haría peligrar el carácter judío del estado y, en consecuencia, de su propia existencia. La retórica sionista se apoya también en una serie de tópicos para justificar la creación en Palestina del estado hebreo. Por un lado, la idea de que Palestina era una tierra árida y prácticamente deshabitada. Se dice que, en aquellos tiempos, el territorio estaba mayoritariamente poblado por tribus nómadas beduinas que se desplazaban permanentemente. De hecho, el eslogan del sionismo era "una tierra sin gente para una gente sin tierra". La realidad ha demostrado la falsedad del argumento, ya que existen testimonios de la existencia de poblaciones palestinas a lo largo del territorio, como por ejemplo, Yaffa (Tel Aviv) o San Juan de Acre (Akko). Pese a ello, el sionismo se ha empeñado en intentar borrar las huellas que mostraran el carácter árabe de estas tierras, bien a través de la redenominación en hebreo de antiguas poblaciones palestinas o con el arrasamiento y desaparición de pueblos y aldeas (530), como fue el caso de Ein Karim, Al Malha, Lifta, Al Walajeh o Deir Yasin, en abril de 1948, cuya masacre incluyó el asesinato de más de 250 hombres, mujeres y niños. Muchas de estas familias palestinas conservan todavía las llaves de sus casas, ahora destruidas u ocupadas por inquilinos judíos, como argumento más rotundo para desmontar la propaganda sionista. Otro de los tópicos se refiere a la negación de una identidad palestina, diluyéndola en una entidad superior y más general, como la de que "estas gentes eran árabes". Por tanto, según su razonamiento, en tanto que árabes, debieran ser acogidos en los países vecinos, también árabes, y dejar al pueblo judío fundar su estado en Eretz Israel. La identidad nacional palestina estaba en proceso de formación desde el final de la I Guerra Mundial, como ocurría con el resto de países árabes de la zona (Egipto, Líbano, Siria, Irak y Jordania). Pero mientras que en esos países, bajo dominación colonial europea, se permitió un estado central fuerte con un control por parte de la población local - aunque fuera sólo nominal y tuviera un fuerte rechazo entre la población-, en el caso de Palestina, el poder estaba directamente en manos de los británicos. Todo ello dificultó esta formación de la conciencia nacional, pero no significa que no la hubiera, y no sólo como respuesta al sionismo. El argumento simplista de considerar a estas gentes meramente árabes implica negar la identidad nacional palestina e, implícitamente, la de los países vecinos, al considerar sólo la cualidad de árabes. Por otra parte, la expulsión de sus gentes a otros países (árabes) vecinos, en vez de propiciar su integración social, económica y política en las culturas receptoras, ha reforzado el sentimiento de identidad entre los palestinos de la Diáspora. En definitiva, el sionismo ha mostrado desde su origen la nula voluntad de integrase con otras comunidades. Lo peor del hecho es que la creación del estado de Israel, emblema del sionismo, más allá de la legitimidad a existir como tal, se realizó en el marco de los intereses imperialistas y colonialistas de las grandes potencias de la época y a expensas de la voluntad, propiedades y dignidad de todo un pueblo. Una serie de datos servirá para acabar de ilustrar esta realidad. El 92% de las tierras de Israel son administradas por el FNJ, una organización dedicada a los intereses de personas "de religión, raza u origen judío". El FNJ niega a los no-judíos residir o abrir un negocio en esas tierras. En las escuelas se enseña que el objetivo de todo judío es el de "redimir la tierra de Eretz Israel", esto es, que pase a manos judías -detrás de este argumento se encuentra, en gran parte, la base de la confiscación de tierras a los palestinos practicada por los sucesivos gobiernos israelíes, laboristas o del Likud, para la construcción de los asentamientos. Según la ley de educación pública de Israel, ésta "debe basarse en los valores de la cultura judía...en amor y lealtad al Estado y al pueblo judío". Así, los libros de texto de historia sólo recogen la perspectiva sionista, ignorando la historia e identidad de los palestinos. Los palestinos que se quedaron dentro de las fronteras de Israel una vez acabó la guerra de 1948 -actualmente suponen cerca del 20% de la población- han tenido que sufrir esta política discriminatoria con respecto a la población judía. La consigna ha sido la de no reconocerlos como grupo nacional y la de fracturarlos en minorías religiosas: musulmanes, cristianos y drusos. Incluso entre los musulmanes se ha intentado establecer una separación con los beduinos. Todo ello para no reconocerlos como palestinos, de ahí que los llamen "árabes-israelíes". Ellos, por el contrario, se autodenominan mayoritariamente "palestinos del 48". Estas personas han tenido que sufrir la confiscación de tierras y, en algunos casos, la demolición de sus casas. La inversión pública en materias como la educación es claramente desigual y los ingresos per capita son inferiores a la mitad del resto de israelíes, con un 30% de la población viviendo bajo el umbral de la pobreza. Por otra parte, pese a tener derecho a voto en las elecciones generales, no pueden servir en el ejército (a excepción de los drusos). Además, existen en Israel 51 localidades con población palestina que no son reconocidas por el estado y que, por tanto, en muchos de los casos, carecen de servicios básicos suministrados por las autoridades, tales como salud, educación o infraestructura. Esta discriminación para con los no-judíos es todavía más patente en el caso de los palestinos residentes en Jerusalén Este. Tras su ocupación en 1967 y su posterior anexión por ley (Ley Jerusalén) a la parte occidental, considerando la ciudad como capital eterna e indivisible de Israel –aspecto no reconocido por la comunidad internacional-, la estrategia llevada a cabo por las autoridades municipales, apoyadas por el gobierno nacional, ha sido, por un lado, la de incomunicar a Jerusalén Este del resto de Cisjordania, a través de un anillo de asentamientos, y, por el otro, la de incrementar la población judía residente mediante la confiscación de casas y propiedades. Pese a que los palestinos de esta parte de la ciudad son considerados "residentes permanentes de Jerusalén" (no considerados ciudadanos de Israel), sólo son beneficiarios de una mínima parte de los derechos y servicios de los que disponen los residentes de la parte occidental, la población judía: para viajar al extranjero necesita un visado de entrada al país emitido por el gobierno israelí para no perder el derecho a volver; si un residente palestino vive más de 7 años fuera de Jerusalén pierde automáticamente la categoría de residente; el residente debe justificar que el centro de sus actividades (trabajo, estudios, etc...) se encuentra dentro de los límites municipales para no perder la residencia; si un residente se casa con una mujer que no goza de esta categoría, debe solicitar un permiso de reunificación familiar, que siempre está sometido a la decisión aleatoria de la Administración; los residentes palestinos tienen enormes dificultades para conseguir permisos de construcción; etc. Las políticas municipales en materia de presupuestos e infraestructuras reflejan también esta discriminación. Según las estadísticas del último año, la población palestina de Jerusalén Oriental recibe el 10% del presupuesto municipal (7 veces menos que la parte oeste), pese a constituir el 32% de la población total de la ciudad. El sistema de impuestos no es equitativo, y, como pasa con el arnona (una especie de impuesto sobre bienes inmuebles), la fiscalidad es la misma en ambas partes de la ciudad, pese a la diferencia ostensible de ingresos. La desigualdad en el número y grado de conservación de las infraestructuras es también muy elevado, sobre todo, en lo que hace referencia a la red de alcantarillado y a los suministros de agua y luz. Por otra parte, como revela un estudio realizado por Ir Shalom a principios del pasado año, cerca del 60% de las familias palestinas de Jerusalén viven en severas condiciones de pobreza, mientras que el 70% de los niños lo hacen bajo el umbral de la pobreza. Fácil es adivinar, entonces, la política israelí con respecto a los Territorios Ocupados de Cisjordania y la Franja de Gaza, aspecto que se comentará en el epígrafe siguiente. Ha sido este tipo de políticas discriminatorias para con los árabes las que motivaron la Resolución 3379 de la Asamblea General de Naciones Unidas del 10 de noviembre de 1975, que define el sionismo como "forma de racismo y de discriminación racial". En cualquier caso, esta resolución fue revocada en 1991 a iniciativa de los Estados Unidos para allanar el camino de las negociaciones de paz. De la misma manera, han pretendido bloquear cualquier discusión sobre el carácter racista del sionismo en la Conferencia sobre el Racismo y la Xenofobia, que se está celebrando en Durban (Sudáfrica) en el momento de redactar este artículo. Pese a ello, el foro alternativo organizado por las ONG, paralelo a la Conferencia institucional, ha mencionado entre sus conclusiones que "el Estado de Israel es un estado racista y que practica una política de apartheid". Los ideales sionistas se han mantenido siempre vigentes a lo largo de los 53 años de historia del estado hebreo, y todavía hoy se mantienen. Como dice el escritor y político judío marroquí, Abraham Serfaty: "La estructura ideológica e institucional del estado de Israel reposa sobre el sionismo. La cohesión del conglomerado humano artificial que es la población judía-israelí depende de ello. Israel es la punta de lanza de la Organización Sionista Mundial cuya razón de ser es la instauración de un estado judío sobre el territorio histórico de Eretz Israel. Por tanto, la devolución de Cisjordania (Judea y Samaria para los judíos) es, en esencia, imposible de aceptar para Israel". Este conglomerado humano, al que Serfaty hace referencia, está compuesto por judíos procedentes de todas las partes del mundo, además de la población palestina antes mencionada. Si bien el proyecto sionista es un producto Ashkenazi, judíos del centro y este de Europa -aunque se suele referir a los que provienen de Occidente-, la sociedad israelí ha venido nutriéndose de la comunidad Sefardi -judíos llegados mayoritariamente de otros países árabes- y de los Falasha -de Etiopía-, denominados, en conjunto, los Mizrachim. Para ello, el gobierno israelí recurrió a la "importación" masiva, vía aérea, de familias judías desde sus países de origen, como es el caso de la Operación Alfombra Mágica desde el Yemen o la Operación Moisés desde Etiopía. Los Ashkenazim han constituido hasta hace poco una minoría frente al resto de comunidades judías. La nueva inmigración masiva de judíos provenientes de la desaparecida URSS -que se está produciendo desde mediados de los años 90 (800.000 personas)- ha invertido los términos de la ecuación y es precisamente éste el colectivo de población judía mayoritario (13%). Pese a todo, los Ashkenazim siempre han ostentado el poder dentro de la sociedad, en todas las esferas (social, económica, cultural y política). Los Mizrachim han sufrido un profundo proceso de desculturización, en un intento de desvincular de su identidad cualquier simbiosis con el Islam o con lo árabe, haciendo incompatible el ser árabe y judío al mismo tiempo. En la lógica sionista, la pluralidad étnica no tiene cabida dentro del judaísmo, el judaísmo es una etnia en sí misma. Además, se hace aparecer al mundo árabe como el gran enemigo que enfrenta Israel, apoyándose en las persecuciones sufridas por los judíos en estos países y obviando que los períodos de convivencia pacífica y, lo que es más importante, de influencia mutua, han sido claramente predominantes. No es extraño, pues, que entre quienes muestran una actitud más acérrima contra la causa palestina se hallan, precisamente, los Mizrachim. A este mosaico de gentes procedentes de países y culturas muy diferentes, hay que incorporar el componente religioso. En Israel se produce una contradicción que, a su vez, es intrínseca al sionismo. Como se ha repetido anteriormente, una de sus asunciones es la de contemplar a los judíos como un pueblo y no como una comunidad religiosa. Se trata de una cuestión nacional. Pero, pese a ser originariamente laico, tiene a la vez una inspiración teocrática y confesional: la política gubernamental se basa en los principios de "derechos históricos de los judíos", que derivan de creencias religiosas, y de "fronteras bíblicas (o históricas)"; la religión judía es la religión del Estado; hay un ministerio de asuntos religiosos; etc... El sionismo se basa en el mito del pueblo judío, pero "judío" se refiere a la religión judía. La convivencia entre laicos y religiosos es foco continuo de polémicas dentro de la sociedad israelí, dados los "privilegios" adquiridos por estos últimos - cuantiosas subvenciones estatales o exención del servicio militar, entre otros. Todos estos problemas -difícil encaje en la sociedad de culturas tan diferentes, la discriminación entre Ashkenazim y Mizrachim o los privilegios de que gozan los religiosos- generan la necesidad de un elemento unificador que neutralice este conflicto latente. Este elemento ha sido la creación en el subconsciente colectivo de la existencia de un enemigo exterior dispuesto a exterminar al pueblo judío. Desde la creación del estado, el enemigo a combatir han sido los árabes, y por proximidad, los palestinos. De ahí que Israel viva obsesionado por su seguridad, y que con este argumento se lleguen a justificar un largo elenco de medidas adoptadas por el gobierno y ejército israelíes contra sus vecinos palestinos, a su vez, ampliamente apoyadas por la población: detenciones administrativas, denegación de permisos de entrada y salida de forma aleatoria, bloqueo de poblaciones, utilización de munición real en manifestaciones, y, en definitiva, una sociedad altamente militarizada. Las causas de la Intifada de Al-Aqsa Es en este contexto donde deben enmarcarse las causas que han motivado el alzamiento palestino contra la ocupación israelí, alzamiento que se acerca ya a su primer año de duración. La muerte de varios manifestantes palestinos en la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén por disparos de los cuerpos de seguridad israelíes, un día después de la visita de Ariel Sharon a este recinto sagrado de los musulmanes, fue el detonante del levantamiento de la población, que se extendió rápidamente a lo largo de los Territorios Ocupados. Pero más allá de los hechos puntuales, la verdadera razón que ha provocado esta Intifada es la frustración del pueblo palestino ante muchos años de ocupación y de humillación, y ante la evidencia de la escasa voluntad de los israelíes de alcanzar una paz justa que asuma las aspiraciones legítimas de los palestinos, pese a todos los acuerdos firmados. Si bien sus dimensiones pueden haber cogido por sorpresa a las autoridades hebreas, lo cierto es que el campo estaba minado para que se produjera algún tipo de protesta, más o menos violenta, por parte palestina. Siete años de historia del tan laureado proceso de paz habían desembocado en un callejón sin salida, fruto de la diferente, incluso opuesta, interpretación de este proceso por parte de israelíes y palestinos. La primera Intifada, que duró de 1987 hasta 1992, supuso el resurgimiento de la resistencia palestina ante el invasor israelí tras un largo período de calma y convivencia aparentemente pacífica. Como dice el profesor Najib Abu-Warda, "el levantamiento popular [...] contribuyó decisivamente a trasladar a la Comunidad Internacional un mensaje nacionalista de reivindicación del fin de la ocupación israelí y de la creación de un Estado Palestino independiente". Este hecho, como se ha explicado anteriormente, contribuyó, entre otras razones, a que las dos partes acudieran a la Conferencia de Paz de Madrid de 1991, donde debían establecerse las bases para una paz definitiva en la región, "segura y justa". Allí se edificaron los cimientos del proceso de paz palestino-israelí, que después desembocaría en los Acuerdos de Oslo. Tras sucesivas negociaciones secretas, con la mediación del gobierno noruego, el 13 de septiembre de 1993 se sellaba en Washington la Declaración de Principios para una Auto-Regulación Interina. En la letra de esta Declaración ambas partes se comprometían a poner fin al conflicto y a reconocer mutuamente sus derechos. El lema fue "paz por territorios". Se fijó un calendario de negociaciones, en el que se estableció un período transitorio de 5 años que debiera conducir a una solución permanente en base a las anteriores Resoluciones de Naciones Unidas, arriba mencionadas. En una primera fase del proceso, el ejército israelí se retiraría de Gaza y de Jericó (Cisjordania), pasando a ser administradas por una Autoridad Palestina (denominada por los palestinos Autoridad Nacional Palestina, ANP), que adquiría varias competencias, como educación, salud, cultura, impuestos directos, etc. Además, la nueva policía palestina asumiría la responsabilidad de la seguridad interior, mientras que la exterior y la interna de los asentamientos seguiría bajo el control israelí. Aún así, a la ANP se le negaba cualquier poder en materia de relaciones internacionales -aunque sí se le permitía firmar acuerdos de tipo económico, cultural y científico con países o instituciones internacionales-, y las fronteras con Jordania y Egipto serían controladas de facto por Israel. Todo ello se concretó en el Acuerdo de El Cairo del 9 de febrero de 1994 (Acuerdo de Oslo I o Acuerdo de Gaza-Jericó). La segunda fase del proceso de paz se iniciaba con la firma del Acuerdo de Taba el 28 de septiembre de 1995 (Acuerdo de Oslo II o también llamado Acuerdo Interino para Cisjordania y Gaza). En esta fase, todas las competencias señaladas debían traspasarse a la ANP y se negociaría el status final de los Territorios Ocupados. De este acuerdo se deriva la peculiar división de Cisjordania en tres zonas diferentes: a) Zona A -algo menos del 4% del territorio-, que incluye las principales ciudades palestinas, a excepción de Jerusalén Este y una parte de Hebrón -cuya división se regulará en el llamado Protocolo de Hebrón-, y en donde la ANP ejerce la administración civil y de seguridad interna; b) Zona B -cerca del 27% del territorio-, que incluye a la mayoría de pueblos palestinos de Cisjordania, y en donde la ANP tiene las competencias en asuntos civiles, mientras que comparte con Israel la responsabilidad en materia de seguridad interior, y c) Zona C -70% del territorio-, bajo absoluto control, civil y de seguridad, por parte de las autoridades hebreas. Además, se establecían una serie de zonas, denominadas "verdes", no hábiles para la construcción. El Protocolo de Hebrón, anexo al Acuerdo, determinaba que, dado el especial significado que esta ciudad tiene para los judíos - supuestamente se encuentra la Tumba de los Patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, así como de sus esposas Sara, Rebeca y Lía, respectivamente-, la ciudad sería dividida en dos zonas: a) H1, de administración civil y de seguridad interna por parte de la ANP; y b) H2 (la ciudad vieja), con plena autoridad israelí para, así, proteger a los cerca de 400 colonos que habitan justo en el centro urbano, y tomar control sobre la gruta de Macpelá (la Tumba de los Patriarcas). La llegada al gobierno del Likud -liderado por Benjamin Netanyahu, abiertamente opuesto al espíritu del proceso de paz-, y una oleada de atentados palestinos supusieron un freno al desarrollo de este proceso. Para desencallarlo, se celebraron diversos encuentros, de los que se derivaron el Memorándum de Wye Plantation (1998) y los acuerdos de Sharm El Sheikh (1999), cuyas coclusiones más destacadas fueron el acuerdo de traspaso a los palestinos de más territorio de Zona C a Zona B, básicamente, y también de Zona B a Zona A, y el establecimiento de una serie de medidas para frenar el terrorismo. Con cierto retraso respecto al calendario previsto, se llegó a la Cumbre de Camp David II, en julio de 2000. Bajo el tutelaje personal del Presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y con la presencia de Yasser Arafat y del Primer Ministro israelí, Ehud Barak, se debía discutir el status final de los Territorios Ocupados, lo que incluía cuestiones clave como Jerusalén, los refugiados, los asentamientos judíos y las fronteras exteriores. Ya antes de que se celebrara la Cumbre había indicios de que ésta iba a fracasar, dadas las posturas tan alejadas entre las dos partes. El Presidente palestino rechazó la propuesta de Barak que incluía la transferencia del 95% del territorio de Cisjordania, la cesión de diversos barrios de Jerusalén, donde los palestinos pudieran instalar la capital de su nuevo Estado, y el derecho al retorno de un determinado número de refugiados. Así fue presentado al mundo, como la gran oportunidad perdida por los palestinos de conseguir aquellos derechos a los que habían estado aspirando tanto tiempo y que, por obra de la voluntad (incluso benevolencia) del gobierno israelí, apoyado por los Estados Unidos, ahora se le concedían. Todo el mundo se echó las manos a la cabeza y señaló con el dedo a Arafat, y por ende al pueblo palestino, de no querer la paz y prolongar el conflicto. Una lectura profunda de la oferta de Barak desvela los motivos por los cuales el acuerdo era claramente inaceptable para los palestinos. El 95% de Cisjordania que debiera transferirse a la ANP -cuanto menos poco creíble, ya que un recorrido por el territorio ofrece la imagen de un sinfín de colonias judías en construcción- no incluía los grandes bloques de asentamientos, especialmente los anexados a Jerusalén (Gilo, French Hill, Neve Ya'acov o Pisgat Ze'ev) ni los que se encuentran en el perímetro del Gran Jerusalén (el bloque Etzion o Ma'ale Adumim), donde viven cerca del 80% de los colonos. En el otro 5% se encontraban también diversas zonas situadas en el Valle del Jordán, en la frontera con Jordania, con el propósito de la seguridad. La redistribución geográfica que se diseñaba dividía al supuesto Estado palestino en varios cantones, atravesados por carreteras bajo control israelí evitando la contigüidad geográfica del territorio. También ejercerían el control sobre las vías de comunicación terrestre entre la Franja de Gaza y Cisjordania. La soberanía del estado palestino quedaba, a su vez, en entredicho ya que se le negaba la posibilidad de disponer de un ejército. Además, las fronteras exteriores estarían controladas por Israel. La propuesta de Barak de transferir algunos barrios de Jerusalén Este, donde los palestinos pudieran construir su capital, fue presentada como la gran concesión del ejecutivo laborista, ya que supuestamente implicaba renunciar a considerar Jerusalén la capital eterna e indivisible de Israel, bandera del nacionalismo judío. Pero lo cierto es que la oferta se reducía a determinados barrios periféricos de la ciudad (Abu Dis, Al Izzariya, etc.). En cuanto a la cuestión de los refugiados, Israel sólo permitiría el retorno de unos cuantos miles, dentro de un proceso escalonado. Bajo el objetivo de la reunificación familiar, se autorizaría la vuelta de un contingente mínimo de refugiados a zonas ocupadas por Israel en 1948, siempre que se demostrara la existencia de familiares en esas zonas y que hubieran nacido en Palestina antes de esa fecha. Por supuesto, esto no resolvía el problema para los casi 4 millones de palestinos considerados refugiados a causa del conflicto palestino-israelí. Dos meses después del fracaso de la Cumbre de Camp David II estallaba la Intifada de Al-Aqsa en los Territorios Ocupados. El próximo 29 de septiembre se cumplirá un año de un levantamiento que se ha cobrado ya cerca de 700 muertos, mayoritariamente palestinos, y que se adentra por una senda cuyo final y duración son cada vez más inciertos. Si se insiste en poner fechas y nombres a los causantes de la Intifada, debiéramos considerar más culpable a Barak que a Sharon. Él es el responsable último de las muertes que se produjeron en la Explanada de las Mezquitas: su gobierno permitió la visita de Sharon, pese a los avisos de la ANP de sus posibles consecuencias, y su gobierno (siendo Shlomo Ben Ami el Ministro de Seguridad Interior) envió al día siguiente a los cuerpos de seguridad y autorizó el uso de munición real para disperar a los manifestantes. Pese a que tradicionalmente se ha tenido la percepción de que la paz entre israelíes y palestinos sólo podría conseguirse con la presencia de los laboristas en el gobierno, la praxis ha demostrado que, cuando así ha sido, su política no ha variado significativamente con respecto a la del Likud. Es tan solo una cuestión de talante. Un dato: en los cerca de un año y medio que Barak estuvo al frente del ejecutivo, el ritmo de construcción de asentamientos fue equiparable al que se produjo durante los tres años del gobierno de Netanyahu. Pero como se ha comentado anteriormente, los motivos que han movido al estallido del levantamiento palestino son más consecuencia de un proceso que de causas puntuales. El desarrollo de los Acuerdos de Oslo ha demostrado qué lejos estaban de ser colmadas las legítimas aspiraciones del pueblo palestino. Y ello obedece a la concepción, radicalmente opuesta, que ambas partes tenían sobre hacia dónde dirigía este proceso. Mientras que los palestinos confiaban que finalmente gozarían de un estado soberano, con capital en Jerusalén y con el reconocido derecho de los refugiados a retornar a sus hogares, siguiendo el espíritu de los acuerdos de "paz por territorios" y en base a las Resoluciones 242 y 338, los israelíes entendieron el proceso como "paz por paz". Los israelíes consideraban que con la cesión de determinados territorios a los palestinos, en especial las grandes poblaciones, conseguirían un doble objetivo. Por un lado, pretender mostrar su voluntad de paz y justicia para con los palestinos, pero, por el otro, garantizar la seguridad de Israel. El mantenimiento de asentamientos estratégicos distribuidos a lo largo y ancho de los Territorios Ocupados era compatible con la concesión de una autonomía limitada a la ANP que, impuesto por los Acuerdos, debiera encargarse de controlar a aquellos grupos que desearan atentar contra Israel. Así, estas grandes poblaciones pasaron a ser administradas por la ANP, precisamente aquellas que son más ingobernables para los israelíes. Los servicios de seguridad palestinos, entrenados y apoyados por la CIA y el Shin Bet (cuerpo de seguridad interior israelí), han practicado durante este tiempo un gran número de detenciones de líderes y activistas de grupos radicales como Hamas y Jihad Islámica, lo que ha pemitido a Israel vivir una época de paz y seguridad, si exceptuamos los diversos atentados de 1996, impensable después de los acontecimientos de la primera Intifada. Paradójicamente, el "terrorista" más buscado por Israel y al que ahora se acusa de promover la violencia palestina, Yasser Arafat, ha sido el principal socio con el que ha contado el gobierno hebreo para que la sociedad israelí gozara de este período de paz. El proceso de Oslo no se concibió como una conciliación entre iguales. Un hecho que ya quedó demostrado en el intercambio de cartas entre Yasser Arafat y Isaac Rabin, el entonces Primer Ministro israelí (asesinado por un radical judío en 1995), por el que la OLP reconocía el derecho de Israel a existir en paz y seguridad -y obligaba a declarar sin efecto los artículos de la Carta Nacional Palestina en los que se niega este derecho-, mientras que Israel sólo reconocía a la OLP como el representante del pueblo palestino. Cuando se habla sobre el "proceso de paz" (aun en minúsculas) nos estamos refiriendo a las propuestas norteamericanas que han dado cuerpo a los Acuerdos, pero, a su vez, se acepta como el único posible. De manera que cualquier crítica a este proceso es tachada como de ser "contraria a la paz". Es lo que Noam Chomsky denomina Newspeak, haciendo referencia a los sofismas mediáticos. La OLP (o las facciones que apoyaron el proceso) es también responsable por haber firmado los Acuerdos. Si bien la situación en la que se encontraba la Organización en el momento de iniciar las conversaciones venía determinada por una crisis económica -cortadas sus fuentes de ingresos de otros países árabes por su apoyo a Irak en la contienda contra Kuwait- y por la presión internacional a sentarse a negociar en el marco del proceso de normalización regional promovido por los Estados Unidos, esto no puede eximir de responsabilidades a los negociadores palestinos, que aceptaron un acuerdo donde la resolución de las cuestiones importantes (Jerusalén, refugiados, fronteras, etc.) quedaban recogidas de forma muy general. El proceso negociador está lleno de anécdotas que ilustran la diferente preparación entre las dos partes, como el hecho de que los mapas que se discutieron fueran preparados por los israelíes o que el nivel de inglés de algunos miembros de la delegación palestina fuera bastante rudimentario. Los palestinos confiaron en el espíritu de los Acuerdos y descuidaron la letra. Los israelíes, por contra, han utilizado la indefinición de la letra para pervertir el espíritu. Y todo ello gracias al patrocinio de los Estados Unidos, que siempre han decantado la balanza hacia su aliado estratégico, Israel. Desde que entraron en vigor los Acuerdos de Oslo, el gobierno israelí ha seguido construyendo asentamientos en los Territorios Ocupados a costa de la confiscación de tierras a los palestinos (a una media de 37 km2 anuales), normalmente, las más fértiles. Siguiendo la política de hechos consumados, la construcción de colonias ha servido para crear elementos que tendieran a hacer irreversible el proceso o bien, dotara de nuevos inputs a los israelíes con los que después poder negociar. Consecuentemente, la población de colonos ha alcanzado una cifra cercana a los 400.000 (incluyendo los de Jerusalén Este), lo que significa el doble de los existentes antes de los Acuerdos. Una vista aérea de los Territorios nos ofrece la imagen de una piel de leopardo, donde las poblaciones palestinas aparecen rodeadas de infinidad de asentamientos y carreteras de circunvalación. Los casos de Hebrón y la Franja de Gaza son paradigmáticos. En Hebrón, 400 colonos viven en el centro de la ciudad (Zona H2), rodeados de 120.000 palestinos. Protegidos por el ejército israelí -cuyos soldados superan ampliamente en número al de los colonos-, provocan constantes enfrentamientos con los tenderos del mercado, ubicado a pocos metros de los bloques donde éstos habitan, destruyendo puestos y amenazando constantemente. Además, los soldados han establecido lugares de vigilancia en muchas azoteas de casas palestinas, con el consiguiente temor de los inquilinos. En el caso de la Franja de Gaza, no más de 6.000 colonos y 12.000 soldados ocupan cerca del 40% del territorio, frente al millón y medio de palestinos que viven hacinados, mayoritariamente en campos de refugiados. Si a todo ello añadimos que las principales fuentes de agua, bien de lujo en estas tierras, están controladas por los israelíes, resultaría cuanto menos incomprensible la sorpresa que el levantamiento palestino ha despertado en la sociedad israelí, si no se tuviera en cuenta el grado de desinformación que para con sus vecinos palestinos existe entre la población hebrea. En definitiva, todas las medidas implementadas encaminadas a buscar una paz entre israelíes y palestinos han estado, y están, condicionadas por un sólo precepto, que se considera innegable e indiscutible por encima de cualquier otra consideración: el derecho a existir del Estado de Israel. En cambio, el derecho de los palestinos a tener su propio estado está supeditado a la anterior consideración. De ahí que la paz se haya fraguado en términos de seguridad (para Israel), y no en términos de justicia. Mientras no se equiparen los dos derechos, cualquier proceso de paz estará condenado a la inviabilidad. Las dinámicas de la Intifada de Al-Aqsa El gobierno israelí ha optado en todo momento por utilizar la vía militar para combatir el levantamiento palestino. Las protestas que se produjeron el 29 de septiembre en la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén, un día después que Sharon visitara este lugar sagrado musulmán, ya fueron contestadas con munición real por parte de los cuerpos de seguridad israelí, provocando la muerte de varios manifestantes. Este hecho, amplificado por el simbolismo del lugar, hizo que la gente saliera a la calle a mostrar su rabia y clamar por la liberación y el fin de la ocupación. El ejército hebreo se enfrentó al lanzamiento de piedras, de nuevo, con fuego real, aumentando rápidamente el número de mártires. Los mismo métodos fueron utilizados para acallar las protestas de los "palestinos del 48" en territorio israelí, en solidaridad con sus hermanos de los Territorios Ocupados y también para evidenciar la discriminación que sufren con respecto al resto de la sociedad israelí, dejando un balance de 14 muertos y escenas como las de Nazaret, que recordaban los progroms sufridos precisamente por los judíos en épocas pasadas. Desde ese momento, la escalada de la violencia ha venido acompañada por el uso de armamento cada vez más sofisticado, llegando incluso a utilizarse tanques, helicópteros Apache y aviones de combate F16. En el intento de quebrar el apoyo de la población palestina a la Intifada, la estrategia del ejecutivo israelí ha consistido en practicar castigos colectivos e indiscriminados, que han ido desde el cierre de las ciudades y aldeas palestinas al bombardeo de poblaciones enteras, inclusive a objetivos civiles (como es el caso de Beit Jala), pasando por la destrucción de miles de árboles y huertos, así como de decenas de casas (muchas de ellas de campos de refugiados), bajo el argumento de que actuaban de escondite de francotiradores palestinos. Esta guerra de agotamiento está teniendo severas consecuencias en las condiciones socio- económicas de los palestinos. Un informe de la Oficina Central de Estadísticas de la ANP, publicado hace unos meses, muestra las siguientes cifras: el 64,2% de la población vive bajo el umbral de la pobreza (un 81,4% en la Franja de Gaza); el 10,7% de los palestinos ha perdido todas sus fuentes de ingresos, mientras que el 49,2% lo ha hecho en la mitad; el 52% de las familias tiene serios problemas para acceder a servicios de salud, sobre todo, por las restricciones a la movilidad impuestas por el ejército israelí o por dificultad para abonar estos servicios. Estas restricciones están llevando a una rápida desestructuración de la economía palestina, que se encontraba en fase de formación. Así, la mayoría de los 125.000 palestinos que ejercían su trabajo en Israel o en los asentamientos han perdido su empleo al ver denegados sus permisos de entrada. Muchas empresas se han visto obligadas a cerrar por la escasa demanda de proyectos o por la falta de materiales. La propia Administración está parcialmente bloqueada ante la imposibilidad de que los funcionarios puedan acceder a sus puestos de trabajo. La incipiente industria turística está en quiebra por el drástico descenso de turistas y peregrinos. En definitiva, todos los sectores de la economía se han resentido por el escaso poder de compra de la población. Por otra parte, Israel también se ha visto seriamente afectada por el conflicto, sobre todo en los sectores de la construcción y el turismo, lo que ha aumentado significativamente el número de desempleados. De nuevo Hebrón y la Franja de Gaza ayudan a ilustrar la dramática situación que se viven en los Territorios, que ya se ha cobrado cerca de 700 muertos (de los cuales, más de 100 son niños), mayoritariamente palestinos. En la ciudad vieja de Hebrón está impuesto un toque de queda desde prácticamente el inicio del levantamiento, que apenas permite a los residentes salir a hacer provisión de bienes unas pocas horas al día (obviamente esto no es aplicable a los colonos que habitan en la zona). El no cumplirlo puede llevar implícito el arresto o, como ha pasado recientemente, ser disparado mortalmente por los soldados israelíes. Esto ha llevado a que los palestinos que residen en esta zona vivan bajo auténticas condiciones de pobreza y privados, en algunos casos, de servicios básicos como la salud o la educación. Por su parte, en la Franja de Gaza, poblaciones como Al Mawasi, cercana a un complejo de asentamientos, están totalmente aisladas y sólo tienen permitida la entrada determinadas organizaciones humanitarias, que suministran víveres y medicamentos. Las autoridades israelíes justifican estas medidas como respuesta a los ataques esporádicos de los palestinos sobre colonos judíos y los atentados terroristas llevados a cabo por los grupos radicales, como Hamas o Jihad Islámica. Llegados a este punto cabría plantearse la siguiente cuestión: ¿cuándo es legítimo el uso de la violencia?. Si la respuesta es "nunca", ¿por qué se demoniza la violencia palestina mientras que la israelí se eleva a la categoría de "represalia", sin tener además en cuenta las causas de esta violencia?. Si la respuesta es "sólo en caso de autodefensa", ¿por qué se relaciona "seguridad" con "autodefensa" (israelí) y no se atiende tanto a la lucha de los palestinos contra un ocupante, como así es definido por Naciones Unidas?. Si se aduce que lo que es intolerable es el terrorismo como método de lucha, ni que sea por unos derechos legítimos, ¿por qué se focalizar sólo en las acciones de grupos radicales palestinos y no, en cambio, en las acciones que llevan a cabo los colonos ? ¿cómo deben calificarse, además, las ejecuciones sumarias (más de 60) del ejército israelí sobre supuestos activistas palestinos -entre ellos, políticos como Abu Ali Mustafa, líder del Frente Popular para la Liberación de Palestina- que, en varios casos, se llevan por delante también la vida de población civil inocente? ¿por qué se olvida que el terrorismo fue práctica común de los sionistas para hacer realidad su Estado?. El descarado silencio de la comunidad internacional permite que esta región se siga desangrando, a expensas, sobre todo, del pueblo palestino. El enorme desequilibrio -en todas las esferas: militar, económica y de influencia- entre las dos partes en conflicto no permite hablar de guerra. Uno de los ejércitos mejor preparados del mundo contra unos milicianos pobremente equipados con armamento ligero. Esta realidad es hipócritamente desatendida por los gobiernos de Occidente que rápidamente se apuntan a resolver otros conflictos cuando sus intereses se ven afectados. Los regímenes árabes, atrapados en la maraña de intereses creados por los Estados Unidos, y acallados a golpe de talonario (como Egipto o Jordania) o por la acción militar (como el caso de Irak), apenas ofrecen declaraciones de simpatía hacia la causa palestina, más provocadas por la presión de su pueblo que por una acción decidida. Mientras, Israel goza del apoyo de los Estados Unidos, unas veces explícito y otras velado, que sigue considerando que cualquier negociación debe estar condicionada al cese de la violencia por parte palestina. A medida que el conflicto entra en una espiral de enfrentamientos cada vez más peligrosa, con la amenaza de extenderse a nivel regional, se hace más patente la necesidad de una intervención decidida de la comunidad internacional. Donde ha predominado el odio, la incomprensión y la falta de reconocimiento mutuo, no se puede esperar a que las dos partes se sienten por iniciativa propia a negociar. Esto ha de venir por la presión internacional, lo que, a su vez, obliga a que otros actores entren a tutelar el proceso, y no sólo los Estados Unidos. La presencia de observadores internacionales sólo será útil si va acompañada de otras medidas que exijan a ambos contendientes la adopción de compromisos serios de obligado cumplimiento, y que puedan sentar las bases de unos acuerdos que modifiquen y hagan más justos los términos en los que se han desarrollado los Acuerdos de Oslo. La tarea es ardua y difícil porque Israel debe aceptar que el derecho que tiene a existir en paz y seguridad no puede ser incompatible con que el estado palestino pueda hacer lo mismo. En definitiva, que la identidad judía del Estado de Israel debe ser definida de manera que pueda coexistir en el futuro con sus vecinos árabes. Xavier Martí [1]
Hiro, Dilip Sharing the Promised Land ; Coronet Books ; 1996,Londres.
[2] The Palestnian Academic Society for the Study of International
Affairs (PASSIA) ; 2000 ; Jerusalén. [5]
Hiro, Dilip Sharing the Promised Land ; Coronet Books ; 1996,
Londres Households; Abril 2001; Ramallah. 8 de septiembre del
2001
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